Pseudoterapias

El Gobierno acaba de presentar un plan para luchar contra las terapias naturales. Aunque el rigor debe primar siempre en la atención a la salud, cabe preguntarse si solo es válido el saber científico y quién va a decidir qué es una evidencia. La ‘ciencia’ nunca ha estado libre de intereses y, en este caso, menos.

Hace un par de semanas, el 14 de noviembre, el Gobierno de Sánchez lanzó de la mano de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades el ‘Plan para la Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias’  desarrollado por ambos ministerios.

Es un documento de trece páginas dividido en cuatro apartados: introducción; antecedentes; principios generales; y líneas, objetivos y acciones. En la primera frase deja claro su propósito: «Están trabajando en un plan de acción para combatir las pseudociencias y sus efectos a través de distintas iniciativas».Lo cual es fascinante desde el punto de vista epistemológico y social. Tendremos mucho que aprender de este combate; porque, además, la metáfora elegida para explicar lo que se quiere hacer es belicosa y apunta a un proceso inquisitorial 2.0 postmoderno. Es una batalla, una guerra, ¿pero contra qué?

En la segunda frase se muestra la diana específica del Gobierno: «El primer resultado de este abordaje conjunto es el Plan para la Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias». Por si alguien no sabía a qué se refieren aclaran en la tercera afirmación: «Se considera pseudoterapia a la sustancia, producto, actividad o servicio con pretendida finalidad sanitaria que no tenga soporte en el conocimiento científico ni evidencia científica que avale su eficacia y su seguridad».

Esta posición abre un horizonte ambicioso y muy interesante. Ha venido precedido por una campaña previa de cuestionamiento de las terapias alternativas a la ‘medicina oficial’ desde diversos frentes. Como indican en los antecedentes, ya en 2007 «la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, acordó aprobar la Proposición no de Ley para ‘la creación de un grupo de trabajo entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y las Comunidades Autónomas para propiciar una reflexión conjunta que concluya con un informe, a efectos de una futura regulación de las terapias naturales en nuestro país’». Desde entonces se multiplican las opiniones publicadas que dudan, sobre todo, de la homeopatía pero también de la acupuntura, el ayurveda, la naturopatía, la medicina tradicional china… hasta 139 técnicas que se identificaron en un estudio previo de 2011. La atmósfera simbólica está abonada para inocular el mensaje adecuado. Por eso mismo es necesario preguntar ¿quién dictaminará qué es una evidencia? ¿En qué forma de conocimiento se sustentará? ¿Sólo es válido el llamado conocimiento científico? ¿Con qué instrumentos y técnicas se medirán la eficacia y la seguridad? ¿Es ésta la única agenda política del plan? ¿Qué papel juegan los intereses de las grandes compañías?

El documento no tiene desperdicio. En esta tribuna no hay espacio suficiente para elaborar una genealogía profunda de los bajos fondos de las cuatro líneas, trece objetivos y veinte acciones del plan. Aquí sólo cabe preguntar y esperar a los desarrollos posteriores. Porque, aun compartiendo en parte la formulación de los principios generales del texto -evaluación de las pseudoterapias en base al conocimiento y a la evidencia científica más actualizada y robusta; difusión y transparencia de la información; y cumplimiento normativo-, es necesario adelantarse y preguntar por quiénes saldrán finalmente beneficiados de este combate. La ‘ciencia’ nunca ha estado libre de intereses y, en este caso, menos. Es más, tiene el perfume mercantil de esa ‘ciencia post-académica’ que describió Ziman (1998) en su libro ‘Real Science: what it is, and what it means’, traducido al español como ‘¿Qué es la ciencia?’. Y conectado con la corriente hegemónica impulsada por la OCDE en su Manual de Frascati (2002) donde la investigación y el desarrollo -el I+D- y los quehaceres científicos se conciben como una actividad económica. Y son, por extensión, una cuestión política.

En el último párrafo dicen: «El Plan no es un documento cerrado, sino que está abierto a nuevas aportaciones de los distintos sectores implicados como son las comunidades autónomas. También los colegios profesionales sanitarios, sociedades científicas o el movimiento asociativo». Deberemos estar alerta al papel de los grupos de presión donde no sólo juegan escépticos adalides de su crítica racional.